¿EL SISTEMA CARCELARIO, TAMBIÉN RECAE SOBRE LAS MUJERES? Principio de “trascendencia” de la pena.

 

 

Muchas veces la solución fácil, marcada por la agenda política actual es pensar que, por aumentar la pena, una persona no va a cometer ese delito, porque supuestamente generó un efecto disuasivo en el ciudadano: si comete ese delito tendrá x cantidad de pena. Pero, al fin y al cabo, el delito es cometido igual dado que, un delincuente no consulta la ley antes de cometer un delito y, por lo tanto, la persona debe ingresar al sistema penitenciario Por eso es importante sostener que el derecho penal, específicamente en América Latina, debe utilizarse para limitar el poder punitivo del Estado y garantizar los derechos humanos protegiendo a los ciudadanos.

Últimamente es noticia en Argentina que el índice de personas detenidas aumenta cada día dado la crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país. Conforme el principio de intrascendencia que surge del art. 5.3 de la CADH, (Convención Americana de Derechos Humanos) receptado por el art. 75 inc 22 de nuestra Constitución Nacional y de acuerdo con la postura de Raúl Zaffaroni“(…) La pena debe recaer sobre el penado exclusivamente pero como es inevitable que sus efectos se extiendan a terceros inocentes (parientes, empleados, etc.) el derecho penal debe cuidar que esta trascendencia se reduzca al mínimo posible (…)”. Sin embargo, la culpa suele contagiarse hacia el entorno del imputado observándose que las personas más afectadas, -en esta nota quiero utilizar el término por la negativa y llamarlo principio de trascendencia de la pena- son las mujeres, ya que, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena (SNEEP), en el año 2024 se registró que el 95,5% de los condenados en Argentina son varones.

Los efectos que produce la cárcel son múltiples y graves: afectan la subjetividad y autonomía de las personas detenidas. Pero además se extienden más allá de los muros, impactando de forma directa en las familias y en especial en las mujeres. Lo que sucede en los barrios más humildes de nuestro país es que, cuando cae detenido la pareja, hermano, hijo o padre de una mujer, esa mujer pasa a tener un rol más cargado en la casa, ya que en los casos donde la mujer era la que sostenía las tareas del hogar y la persona detenida era quien traía el dinero, podemos hablar de que hay un empobrecimiento femenino, donde la mujer deberá hacerse cargo de ambas tareas.

Por otro lado, hay que mencionar también que la mujer queda expuesta a mantener la vida del detenido económicamente y emocionalmente, pagando un abogado, enviando dinero al detenido, viajando y pagando pasajes para poder llegar al penal porque, como no hay inversión en la construcción de los penales, con mucha suerte su familiar le puede quedar a una hora y media de su casa, por ende las mujeres para ir al penal, deben salir temprano de los barrios, alrededor de las 4 de la mañana, donde salen con tuppers de comida, con ropa, con frazadas y cuando llegan son sometidas a revisiones invasivas, maltrato penitenciario, largas filas bajo la lluvia o temperaturas muy altas para lograr encontrarse con su familiar y generar un almuerzo o merienda.

Las mujeres tienen una carga emocional muy grande a la hora de mantener los vínculos con su propia familia y el detenido. No está de más mencionar que en el barrio se genera un estigma social sobre esa mujer, sobre esa familia y sobre el condenado, donde es común escuchar: "la mujer del preso", "la mujer del narco", la familia del chorro y es algo que la mujer debe cargar por un tiempo, tal vez largo.

Por lo tanto, es necesario que el Estado se plantee un nuevo modelo penitenciario eficiente, con presupuesto real y adecuado, destinado a que la persona condenada logre reinsertarse a la sociedad y no se vulneren los derechos de sus familiares. La cárcel no debe ser un potenciador de derechos vulnerados, ya sean los derechos de la persona o de sus familiares. La solución no debe ser endurecer las penas respondiendo a la necesidad fantasiosa de los medios de comunicación y la agenda política, para luego tener las cárceles sobrepobladas.

Es necesario que, el próximo gobierno, considere seriamente, como política de Estado, un sistema penitenciario más humano y respetuoso de los derechos que, por estar detenidos, no deberían ser vulnerados.

                                                                                                          Martina de Vega                                                                                                              Mujer, estudiante de abogacía y militante peronista