FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ¿BIEN PÚBLICO SOCIAL O BIEN DE MERCADO?
La investigadora
de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Moreno analiza el
desafío de estudiar en niveles superiores en el medio de ideas como “vouchers”
y con todo lo que rodea al mercado. Un recorrido sobre el rol del Estado en el
proyecto de hacer reales cada vez más derechos.
Por M. Florencia
GOSPARINI[1]
La discusión acerca
del financiamiento de la educación superior es fuente de grandes controversias
en el campo teórico conocido como Economía de la Educación. Si bien podemos
considerarla relativamente saldada, desde los años ’50 cuando la educación en
general fue conceptualizada como un “bien meritorio” denotando un carácter más
complejo que la reducción a bien público o falla de mercado tradicional, la
preeminencia de los debates sobre la cuestión del equilibrio fiscal, han
repercutido en la supremacía de la restricción presupuestaria como un
condicionante para determinar la cuantía de su oferta.
En este marco, se
ha planteado la propuesta de financiar la demanda de educación por medio de
“vouchers” y no financiar la oferta pública a través del presupuesto estatal,
procurando recrearlo como un bien de mercado.
La principal
controversia, la raíz de todo, es la comprensión de la educación en tanto
derecho humano o en tanto bien de mercado (o comercializable). La economía
neoclásica incorpora la noción de bien público como una de las fallas de los
mercados, dado que por sus características presentan dificultades para que sean
provistos por éstos de forma óptima. Esto supone aceptar el involucramiento por
parte del Estado pero simplemente como solución a un problema de equilibrio
entre precios y cantidades ofrecidas y demandadas, esto es, con una comprensión
de la educación en una dimensión puramente mercantil. Por otro lado, la
comprensión de la educación como un derecho humano, implica asumir la necesidad
del Estado de constituirse en garante de proveer un bien público social a toda
la sociedad.
La Universidad
pública argentina posee rasgos esencialmente heredados de la Reforma
Universitaria de 1918 (autonomía, cogobierno y un conjunto de acciones en el
que convive la formación profesional y las distintas formas de relacionamiento
con su contexto) y que suponen el inicio de la democratización del acceso a la
educación superior. La garantización del derecho a la educación superior inicia
con la gratuidad o supresión de aranceles, mediante el Decreto 29.337 del año
1949, ubicando al Estado en un lugar central en tanto la Universidad asume una
responsabilidad social que debe dar respuesta a las demandas de inclusión de
los sectores populares en la educación superior y comprometerse con la
contribución al desarrollo del país y de la región, frente a los problemas de
exclusión y desigualdad.
En las últimas
décadas, en nuestro país, ha habido un fuerte proceso de expansión del sistema
universitario a través de la creación de Universidades Públicas nacionales como
parte de los objetivos mencionados. Entre 2009 y 2021, la cantidad de
Universidades ha crecido en un 39%, mientras que los estudiantes universitarios
en ese período crecieron en un 62%.
La expansión del
sistema universitario supuso, a su vez, un mayor porcentaje del gasto público
consolidado en educación superior y universitaria como porcentaje del PBI que
pasó del 0,68% en 2004 al 1,18% en 2020. En términos de Presupuesto
Universitario, como porcentaje del PBI, éste pasó del 0,42% en 2004 al 0,71% en
2020.
Las experiencias de
inclusión social generadas en la última década en nuestras Universidades, en
espacios geográficos habitados por sectores sociales menos favorecidos en su
acceso a bienes materiales y simbólicos, adquieren mayor relevancia. Traerlas y
hacerlas visibles en el medio académico universitario, supone también repensar
qué Universidad se desea construir.
Es de señalar,
asimismo, que la localización de nuevas Universidades ha sido en territorios
donde la necesidad de educación superior no fue analizada como una relación de
costo-beneficio, sino como parte de una búsqueda de integración de la
Universidad, la sociedad y el Estado atento a los objetivos de desarrollo
económico e inclusión social, planteados como horizontes estratégicos de un
proyecto local y de país.
Los teóricos
ortodoxos de la economía de la educación estudian este devenir a partir de
indicadores de calidad y eficiencia tales como la tasa de graduación o el
comportamiento de los agentes en un contexto de gratuidad universitaria y ponen
el foco en la ineficacia por parte del Estado en el financiamiento de la
Educación Superior. Desde esta perspectiva, la gratuidad generaría
comportamientos poco comprometidos por parte de los estudiantes que no finalizan
sus estudios y no realizarían los esfuerzos necesarios para graduarse.
Las supuestas
soluciones de mercado, ponen el foco en el costo de la educación como la
cuestión esencial a resolver. Este problematización refuerza la idea
meritocrática de la educación, asignando toda la responsabilidad de éxito en la
trayectoria universitaria al estudiante, descontextualizándolo de las
condiciones materiales y de acceso a los recursos materiales y simbólicos
necesarios para no abandonar anticipadamente y/o fracasar en los estudios
universitarios. Por otra parte, estos planteos invisibilizan la importancia del
tránsito de los individuos por la universidad, más allá de la titulación, en
tanto implica mayores conocimientos adquiridos que puede generar una mejora
relativa en el mercado de trabajo y en las experiencias de vida de los jóvenes.
Es necesario
trascender de estas perspectivas que parcializan el análisis y utilizan
indicadores capciosos como parte de una comprensión meramente mercantil de la
educación. El financiamiento de la educación superior y el rol del Estado
forman parte de un proceso sinérgico en una economía mundial basada en el
conocimiento, la información y el uso de nuevas tecnologías donde el nivel
educativo de la población resulta central para llevar adelante procesos de
desarrollo económico y social con políticas igualitarias e
inclusivas.
Las experiencias de
inclusión social generadas en la última década en nuestras Universidades, en
espacios geográficos habitados por sectores sociales menos favorecidos en su
acceso a bienes materiales y simbólicos, adquieren mayor relevancia. Traerlas y
hacerlas visibles en el medio académico universitario, supone también repensar
qué Universidad se desea construir.
Para ello, es
indispensable pensar de forma integral políticas públicas de financiamiento de
la educación superior en tanto derecho humano universal. Contar con un
Presupuesto con mayor participación en el PBI y en constante crecimiento,
complementado con una infraestructura adecuada y con alumnos que tengan los
medios para cursar su carrera, son condiciones de base para garantizar el
crecimiento y consolidación de la educación superior en nuestro país.
[1] Docente-investigadora
ordinaria del área de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Moreno
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